Pacientes Fonasa deben recibir el 100% de los medicamentos básicos

Lo que ha ocurrido es un hecho extraordinariamente grave. Es francamente vergonzoso y no es un hecho puntual, es algo que tiene por de pronto una gran magnitud, abarca de acuerdo al fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 220 medicamentos, que experimentaron un aumento en promedio del 48 por ciento. Son medicamentos que cubren un amplio espectro y los perjudicados son, en consecuencia, un sector muy muy amplio de la población, dentro de la cual se cuenta gente particularmente vulnerable por las enfermedades que los afectan.

Todo esto muestra que tenemos un problema muy serio como país. Algo discutimos hace pocos días atrás a propósito de este proyecto de modernización del Estado, de mejoramiento de la calidad de las políticas públicas. Aquí creo que el tema de fondo es que se ha sobrepasado con creces la línea entre lo que puede ser un negocio lícito y la línea del espacio de lo que debe ser una oferta de bienes públicos.

En una gran parte de los países, los medicamentos básicos, para los sectores más modestos, son bienes públicos, no son objeto, en consecuencia, de un negocio posible, ni menos aún de un negocio ilícito, como ha quedado de manifiesto con esta colusión entre cadenas farmacéuticas y los laboratorios.

Hay, por tanto, entonces, un problema muy, muy de fondo, que tiene que ver con la provisión de bienes públicos, con que lo que puede ser negocio, con que lo que no puede ser negocio.

Yo no creo, nosotros no creemos que la provisión de medicamentos para los sectores más pobres pueda ser objeto de un negocio. Desde ese punto de vista, lo que tenemos en Chile es un sistema bastante imperfecto. Los afiliados a FONASA reciben una parte de sus medicamentos, un 40, 45 por ciento, si no me equivoco.

Lo cierto es que debiera -y esa es quizás una reforma mayor que pudiéramos impulsar- recibir el 100 por ciento de los medicamentos básicos, de manera de sacar del ámbito de los negocios todo lo que es la provisión de estos medicamentos que son fundamentales.

Una segunda reflexión, tiene que ver con la forma como esto ocurrió. El origen de esta denuncia no fue la acción de un órgano del Estado. Fue, simplemente, la denuncia que hizo una joven. Melisa Hohmann, egresada de Derecho, que hizo llegar un conjunto de antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, a propósito del alza de precios de un anticonceptivo, el Norvetal 20, producido por el laboratorio Organon.

Yo creo que esto habla bien de la ciudadanía, habla bien de una joven que hizo la denuncia, pero también deja en evidencia la falencia de la institucionalidad pública sobre este tema.

Quisiera traer a colación, porque no es menor, hay un fallo...esta denuncia sobre integración vertical se presentó por parte del Colegio Médico el año 2000, muy bien documentada. Y la resolución de la Comisión Preventiva -que hoy día no existe-, que es el antecedente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es que por unanimidad se rechazó la denuncia del Colegio Médico el año 2000, diciendo que no había ningún atisbo de integración vertical en la industria farmacéutica del país.

Entonces, yo quisiera, en segundo lugar, destacar los problemas que tiene la institucionalidad pública para poder enfrentar este tipo de situaciones. Creo que ha sido importante que la Fiscalía Nacional Económica haya podido accionar. Es discutible la forma como todo esto se ha resuelto. Fasa ha quedado ya libre de polvo y paja. Pagó un millón de dólares de una multa que podría haber ascendido a los 15 millones de dólares. Es cierto que la Fiscalía logró generar un medio de prueba que, de otra forma, habría sido difícil de conseguir. Pero no deja de ser inquietante el argumento que uno pueda delinquir, pagar una multa que está bastante por debajo de los beneficios que se pueden realizar y quedar, posteriormente, libre de polvo y paja.

Es un tema bien, bien complejo el que se nos plantea. Es también bien complejo este tema de la compensación al público. Yo me he informado que la compensación al público es simplemente voluntaria: dependerá de lo que los ejecutivos de Fasa tengan a bien establecer como compensación por la colusión que desarrollaron.

Mi tercer tema es que aquí hay una falla general del sistema. Hay un oligopolio concentrado, que representa al 92 por ciento del total de la oferta de medicamentos.

Hay problemas con los incentivos perversos. Los empleados de las farmacias que tienen un sueldo base, o tenían un sueldo base -probablemente ahora hay que corregirlo- de 26 mil pesos y el resto iban por comisión, con lo cual, perversamente incentivaban a consumir determinados productos y no otros.

Hay una ausencia de política de medicamentos. Hay manipulaciones comerciales, como las promociones, los descuentos por grandes volúmenes. Hay problemas, como yo indicaba, con las multas, con las sanciones.

Tenemos un problema nosotros también.. El año 2003, aprobamos en este Congreso la ley N° 19.011, que fue la que eliminó las penas de cárcel parta quienes cometan este tipo de delito. Creo que sería importante poder disponer de un instrumento de ese tipo en las condiciones de hoy día.
Termino, haciendo presente la necesidad de que no dejemos pasar la ocasión para que podamos, en conjunto con el Gobierno, poder sacar una legislación que nos permita enfrentar las enormes debilidades que tiene el marco regulatorio en este sector y poder dar una respuesta no solamente contingente, sino una respuesta de fondo a un problema también muy de fondo.

Idea de vender medicamentos en supermercados debe ser estudiada en profundidad

Un llamado a que “revisemos la situación del mercado de los medicamentos con mucha atención y resistir la tentación a propuestas que pueden resultar atractivas en un momento, pero que terminan siendo dañinas”, hizo el senador Carlos Ominami, respecto de la idea de la venta de medicamentos en los supermercados.

“Me parece que la idea de poner los medicamentos en las góndolas de los supermercados hay que discutirla con mucho cuidado. Toda vez que puede terminar siendo contradictorio con el objetivo de hacer un uso racional de los medicamentos”, enfatizó el parlamentario concertacionista.

Ominami dijo que la idea de vender genéricos en los supermercados, naturalmente, mejoraría la competencia con los grandes consorcios farmacéuticos, los cuales funcionan con altísimas rentabilidades.

No obstante, sostuvo que la venta en supermercados, en un país donde la promoción médica de la industria de la publicidad no está bien regularizada y no corresponde a normas éticas bien constituidas, donde prolifera la automedicación sin control y no existe una política de genéricos que racionalice la prescripción, puede terminar generando efectos negativos.

“De ahí entonces la necesidad de un debate más profundo, en donde el aspecto fundamental debiera ser una adecuada política de genéricos que evite la imposición a los usuarios de medicamentos de marca, los cuales implican altísimos costos”.